PGU: estas son las razones por las que podrían suspender la pensión de los Adultos Mayores en diciembre

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un apoyo fundamental para los adultos mayores en Chile, diseñado para mejorar sus ingresos durante la jubilación. Este beneficio, gestionado por el Instituto de Previsión Social (IPS), entrega $214.296 mensuales a quienes tienen pensiones iguales o inferiores a $729.764, y un monto decreciente para quienes reciben entre $729.765 y $1.158.355. Sin embargo, es importante conocer las razones que podrían llevar a la suspensión de este aporte, ya que su continuidad depende de cumplir ciertos requisitos y condiciones.

Una de las principales causas para la suspensión de la PGU es el no cobro del beneficio durante seis meses consecutivos. Si el adulto mayor no retira su pensión en ese periodo, el IPS puede suspender el pago. En este caso, los beneficiarios tienen un plazo de seis meses para solicitar la reactivación. Si no lo hacen, el derecho al beneficio se pierde de manera definitiva, lo que significa que ya no podrán recibir la pensión.

Otra razón común es la falta de entrega de documentos requeridos por el IPS. En ocasiones, el instituto solicita antecedentes para verificar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos necesarios. Si esta documentación no se entrega dentro de los tres meses siguientes a la solicitud, la PGU puede ser suspendida hasta que se regularice la situación.

La PGU también puede extinguirse definitivamente en casos específicos. Por ejemplo, el fallecimiento del beneficiario implica que el beneficio se cancela automáticamente al término del mes en que se produjo el deceso. Asimismo, si el beneficiario reside fuera de Chile por más de 180 días en un año calendario, de manera continua o discontinua, perderá el derecho al aporte, salvo que haya residido en el país al menos 270 días el año anterior.

Otro motivo grave de suspensión o cancelación es el suministro de información falsa o incompleta para obtener o mantener la PGU. El IPS realiza revisiones periódicas para garantizar que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Si se detectan irregularidades, el beneficio puede ser cancelado de manera permanente.

Por último, es esencial que los beneficiarios mantengan actualizada su situación socioeconómica en el Registro Social de Hogares (RSH). La PGU está destinada a quienes pertenecen al 90% más vulnerable de la población. Si un cambio en los ingresos o la situación económica del beneficiario hace que deje de cumplir con este criterio, perderá automáticamente el derecho a recibir la pensión.