LGBTQ+
TC declara admisible inaplicabilidad de demanda por divorcio homosexual
Una pareja de mujeres lesbianas con residencia en La Serena, teme por la tuición de sus hijos provenientes de la relación con sus ex parejas heterosexuales. En los últimos meses, han sido objeto de denuncias y prejuicios sociales que incluyen un proceso judicial irregular
La Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio que acompaña a la pareja compuesta por Paula y Claudia Escobar en lo legal y en su bienestar, celebró la resolución y espera seguir avanzando junto a su abogada Gabriela Calderon hasta que se logre el reconocimiento de las relaciones familiares lesbomaternales y el atropello a sus derechos que se hace por la vía judicial.
Claudia Escobar y Paula Sarria se conocieron el año 2018, a través de un proyecto educativo que incluye la pedagogía Waldorf en el que estudiaban los hijos de ambas. Ese mismo año, decidieron separarse definitivamente de sus parejas, Milkan Aymans y Óscar Plaza, relaciones que según explican se mantenían en crisis desde hace años. Fue en ese contexto en que ambos, deciden llevar adelante una serie de demandas judiciales representados por la misma abogada, Sandra Rivera, quien además, según denuncia su colega y representante de las mujeres, Gabriela Calderón, tiene vínculos con organismos de defensores de la familia y la niñez. Debido a esto, la Defensoría de la Niñez inició un sumario interno contra la abogada, el que se encuentra en trámite.
Para la pareja de mujeres lo más grave es que en abril de este año, Claudia debió entregar la tuición de sus hijos por 90 días. El pasado 15 de enero de 2019, una resolución judicial ordenó que Milkan y Claudia debían entrar al Programa de Prevención Focalizada Mahuida, dirigido por Susan González, para trabajar habilidades parentales y mejorar la comunicación entre ellos. Claudia aceptó convencida de que solo podía ser bueno para el bienestar de sus hijos. Pero no fue así, ya que en el mes de abril PPF Mahuida solicitó otorgar el cuidado provisorio de los niños a su padre, presentando a su madre como “una figura de riesgo”.
“Luego de 9 meses en el programa, la psicóloga que llevaba nuestro caso desde el inicio me hizo una primera devolución del proceso. Destacó que mis avances habían sido significativos, que veía mi disposición a hacer los cambios necesarios por el bienestar de mis hijos, y que ellos se veían tranquilos y estables emocionalmente. Se constató que no había vulneración a sus derechos”, sentencia Claudia.
Pero en un lapsus de días todo eso se vino abajo. El 28 de marzo del 2020, día acordado para la recepción del informe, este no llegó. Recién el 9 de abril apareció en el sistema, pero sin nada de lo informado a Claudia. En cambio, acusa la vulneración del derecho a la salud y la educación de los 3 niños y se ordena la entrega de los niños a su padre.
¿Cómo un trabajo comprometido de 9 meses se puede venir abajo en unos cuantos días? En este caso el misterio no era tal, solo había que poner foco en las acciones desarrolladas por la abogada Sandra Rivera, quien según evidencian una serie de oficios, habría tomado contacto directo con la directora del programa y otras instituciones dedicadas a la protección de niños y niñas de la región, acción que denuncian las afectadas, habría hecho fracasar el sistema y manipulado el proceso.
En el caso de Paula, ella denuncia maltratos de parte de sus familiares y ex marido, empresario de servicios agrícolas y mineros en la IV Región. Por una parte, su familia se opuso y trató de cambiar su decisión, llegando incluso a agredirla físicamente. En tanto, Óscar, su ex pareja y padre de sus hijos de 5 y 11 años, fue “alertado” por otro familiar sobre la situación y lejos de escuchar a su ex esposa, la encerró manipulándola y amenazándola con quitarle a los niños. Hasta el día de hoy mantiene su hostigamiento.
La abogada Gabriela Calderón dice que las irregularidades cometidas por Rivera son numerosas y la perfilan como una persona que no puede continuar ligada a la protección de las familias y sus derechos. Es por ello, que junto a la pareja solicitaron el apoyo de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio para primero, prestar apoyo psicológico a las afectadas, difundir el caso y visibilizar las problemáticas para aquellas parejas de lesbianas que optan por la maternidad o se enfrentan a estas situaciones que desde el caso Karen Atala con el Estado de Chile, dejan un pésimo precedente a nivel judicial y legal donde se continúan vulnerando los derechos de las familias LGTBIQ+.
Resolución del TC
