Veto a suspensión del corte de servicios básicos a Sala

En condiciones de ser votado este martes 28, en Sala, quedó el veto presidencial a la ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus.

Esto luego que la Comisión de Economía rechazara este veto la tarde del lunes 27 de julio, con los votos en contra de los senadores Álvaro Elizalde, Ximena Órdenes y Ximena Rincón,  mientras que, a favor se pronunció el senador Kenneth Pugh y una abstención del senador José Miguel Durana.

En la sesión hicieron uso de la palabra los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; de Energía, Juan Carlos Jobet; y de OO.PP. Alfredo Moreno, quienes explicaron las razones del Ejecutivo para modificar la norma aprobada por el Congreso Nacional hace pocos días.

El veto presentado consta básicamente de los siguientes temas:

Se plantea que las empresas que proveen de servicios básicos (agua potable, electricidad y gas de red) aplicarán una prórroga en el pago del suministro por 12 meses sin interés, mientras que los proveedores de telefonía y de internet deben entregar el servicio gratuitamente al 60% de la población más vulnerable. Así se propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, armonizando el texto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios. El fundamento jurídico descansa en el hecho que el Estado está disponiendo de un bien de un privado sin entregarle la debida compensación. Por lo tanto, se plantea que si la ley se promulga tal y como está, las empresas de telecomunicaciones podrían demandar al Estado.

El veto señala que el servicio público de agua potable enfrenta un problema de la falta de suministro por la sequía. Así propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumo de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones.

También este instrumento busca que los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley, en ningún caso sean traspasados a los clientes finales. Las compañías que prestan servicios de gas de red, electricidad y agua potable funcionan con decretos tarifarios, por lo que este costo específico influirá en futuros procesos.

En síntesis el veto busca limitar la cantidad de metros cúbicos que serían objeto de prorroga, eliminar todo lo relativo a los servicios de telecomunicaciones y que los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley, en ningún caso sean traspasados a los clientes finales. 

LO QUE VIENE

En Sala se analizará el informe emitido por la Comisión de Economía que recomienda rechazar el veto.

Si la Sala lo rechaza -tal como lo hizo la Cámara de Diputados-, los legisladores deberían oponerse a las modificaciones e insistir en el texto aprobado por el Congreso Nacional.