Denuncia: residencia sanitaria es de familiar de Cristóbal Leturia

La tarde de ayer viernes, 12 consejeros regionales de Valparaíso ingresaron un requerimiento a Contraloría para que investigue sobre posibles irregularidades y falta a la probidad por parte del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y el director del Servicio de Salud de Valparaíso, Eugenio de la Cerda, en la contratación de una residencia sanitaria propiedad de la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

En el documento acusan que el pasado jueves 28 de mayo el Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio emitió una orden de compra vía trato directo por 187.590.950 millones de pesos para contratar el Hotel Puerto Mayor controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada.

Según los antecedentes otorgados por el portal infoprobidad.cl en la última declaración de intereses de Francisco Leturia, actual directivo en el Consejo de Transparencia y padre de Cristóbal Leturia, se informa que es propietario de al menos el 17% de la sociedad y de otro 15% de los derechos del Hotel Puerto Mayor Limitada. Se suma a lo anterior, que el vicepresidente UDI tendría bienes heredados de su madre. 

Al respecto, la consejera regional Nataly Campusano (CS), encargada de coordinar el requerimiento, señaló:

“Es muy probable que estemos en presencia de un conflicto de intereses y una falta a la probidad administrativa por parte de estos sectores, por tanto, es fundamental que se esclarezca esta situación tomando en cuenta que son muchos los recursos públicos que están involucrados y que no se debe utilizar la crisis sanitaria para beneficiar a familiares o determinados sectores. Creo que acá hay que actuar con la máxima probidad posible”.

Su par, el consejero Roy Crichton (DC) indicó:

“Estamos solicitando que se investigue por parte del órgano contralor si esto se ajustó al derecho, a priori consideramos imprudente, por eso quiero que se investigue también si hubo o no tráfico de influencias para que la familia del subsecretario de Obras Públicas se haya visto beneficiada con esta importante inversión del gobierno”.

Además, agregó que “consideramos que así no se hacen las cosas, aquellos que pretenden lucrar en medio de una pandemia, que es la más grave que ha afectado en los últimos 100 años al país, me parece deleznable si fuera así. Por eso hemos solicitado al órgano contralor, con la gran mayoría de consejeros regionales, que se investigue esto y que rápidamente tengamos una respuesta para ver si iniciamos otro tipo de acciones legales".

El requerimiento fue firmado por Nataly Campusano, Roy Crichton, Cristián Mella, Manuel Murillo, Rolando Stevenson, Ricardo Aliaga, Roberto Burgos, Jorge Mora, Carlos Alarcón, María Victoria Rodríguez, Martín Ristempart y Tania Valenzuela, todos miembros del Consejo Regional de Valparaíso.