Que la ley que aumenta sanciones por incumplir cuarenta no aplique a Ollas Comunes

La bancada de Convergencia Social envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando que la ley que aumenta las sanciones penales a quienes infrinjan las medidas sanitarias y de aislamiento en las comunas con cuarentena, no afecte a las personas que organizan y participan de las Ollas Comunes, ni tampoco a quienes acuden a ellas en busca de alimentación diaria. 

La pandemia del coronavirus ha evidenciado la profunda desigualdad social que por años vive nuestro país y que ha golpeado de manera brutal a las familias chilenas y migrantes. El alza del desempleo, disminución de ingresos y la escasa protección social provocó hambre, la que no se resuelve con medidas que demoran semanas en implementarse. 

Ante esta realidad, la organización popular, la autogestión, voluntarios y voluntarias a lo largo de todo el país han levantando cientos de Ollas Comunes, lideradas principalmente por mujeres que, con escasos recursos, junto a la solidaridad de vecinos y organizaciones sociales, van en ayuda de las familias que no tienen bienes ni capital para cubrir una necesidad elemental como la alimentación. Por ello, resulta preocupante que precisamente sea la población más vulnerable la afectada con esta ley que sanciona con cárcel y elevadas multas el incumplimiento de la cuarentena. 

Al respecto, el jefe de bancada de Convergencia Social, Gonzalo Winter explicó:

“Son cientos las ollas comunes a largo de nuestro país que hoy reparten miles de raciones diariamente las que para algunos será la única comida del día. Por eso la preocupación que viven las organizaciones sociales, vecinos y vecinas por el efecto que puede tener la ley que aumenta sanciones por incumplir la cuarentena. En este contexto, ellos están ofreciendo un servicio esencial para los sectores de la población más afectados por la crisis social y no es posible que sean criminalizados ni perseguidos por esto”.

El diputado Diego Ibáñez también se refirió al tema, señalando que:

 “En un escenario en que el hambre gana terreno es importante excluir de las normas punitivas aquellas acciones que se ejercen para subsistir, como son las ollas comunes y los ejercicios de solidaridad que está ejerciendo la población a lo largo y ancho de Chile. La desigualdad, el hambre y la pobreza no se resuelven ni con cárcel ni con multas, sino que con políticas públicas solidarias y bien implementadas”.

Por su parte, la diputada y presidenta de CS, Gael Yeomans indicó que:

“Con este tipo de política policial el gobierno devela que no conoce un ápice la realidad social y económica que enfrenta el país. Aquí las personas se organizan en ollas comunes para vencer el hambre, mientras el gobierno que no ha dado el ancho con la ayuda social decide penalizar al pueblo que se organiza. Exigimos que no se criminalice a quienes tejen redes solidarias ni a quienes necesitan de esa ayuda. Necesitamos que se les otorguen permisos especiales y que la fuerza policial no abuse de su poder sobre pobladores y pobladoras”

Finalmente el diputado Gabriel Boric manifestó:

“La vía de la represión no va a extinguir ni el hambre ni la necesidad. Desde CS vamos a tomar todos los resguardos para defender a quienes se están organizando para poder paliar las circunstancias difíciles por las que se está pasando hoy día en diferentes regiones del país y, en ese sentido, vamos a buscar generar los resguardos necesarios, en particular para quienes están organizando ollas comunes en sus barrios, para que no sean víctimas de la represión policial que ya hemos conocido en los últimos meses”.