De todos los escándalos de corrupción conocidos hasta ahora, el peor es la acusación que pena sobre algunos parlamentarios electos, sobre todo de la V región, por haber utilizado fondos del programa de generación de empleos para campañas electorales.

Sin embargo, a pesar de que las acusaciones han sido sistemáticas y han adquirido una notoriedad pública muy evidente, aún no podemos decir que el público haya reaccionado ante la evidencia de la cooptación del Estado por parte de intereses particulares.

Ante tales problemas se ha insistido en que es necesario sacar adelante una agenda legislativa orientada a crear mayor estabilidad y fomentar sistemas de controles modernos e independientes. En otra columna expresé mi desconfianza hacia la capacidad de las instituciones y de los legisladores, más precisamente, para llegar a establecer una legislación adecuada a tales objetivos. Ahora, con el debate sobre el mal uso de los gastos reservados, hago una revisión de mis hipótesis.

Básicamente, planteo que los legisladores y quienes están en el poder no tienen incentivos para limitar sus cuotas de influencia ni tampoco limitar las posibilidades de ampliarlas. Asimismo, la Concertación no estará dispuesta a eliminar los gastos reservados de las reparticiones públicas, ya que con ellos se presenta una alternativa de financiamiento que les permitiría eternizarse en el poder.

Cierto es que el monto de los gastos reservados ha disminuido drásticamente. Mientras en 1989 alcanzaban 33 mil millones y ahora bordean los 16 mil millones anuales. Sin embargo, ¿esta disminución un placebo o una solución real al problema de la corruptela que plantea la existencia de gastos reservados? Me parece que es más lo primero, porque en realidad el monto actual alcanza para mucho.

En realidad, nunca dejaremos de aceptar un cierto monto de gastos reservados. De hecho, existen áreas en la gestión estatal en las que es imposible sino reservar la información sobre gastos a especialistas y a las más altas autoridades. Por ejemplo, los Estados realizan labores de inteligencia militar que, obviamente, no pueden ser financiadas con total transparencias. Aún aceptando lo anterior, seguimos preguntándonos ¿por qué la Secretaría General de la Presidencia o de Gobierno podrían justificar la existencia de gastos reservados, con asignaciones anuales, sancionadas en el presupuesto de la nación?

Convengamos en que, ya en los inicios de la nueva democracia senadores de la República intentaron minimizar los montos de gastos reservados a través de indicaciones a la ley de presupuestos. Pero lamentablemente, tal ejercicio parlamentario en Chile es declarado inconstitucional. Es decir nuestros legisladores no pueden decidir sobre montos. Sólo podrán aprobarlos o rechazarlos.

Así las cosas, es muy improbable que esta área gris de la administración estatal pueda desaparecer. No es realista y tampoco está en los intereses de quienes ostentan el poder. Por lo tanto, qué podemos esperar de nuestros líderes políticos del poder Ejecutivo. Poco, muy poco. Después, sólo queda hacer uso del derecho a votar.