El Boletín de Informe Comercial (BIC) existe desde hace poco menos de un siglo y pese a que se le han hecho variadas modificaciones a lo largo de los años, la esencia sigue siendo la misma, poner a disposición de las organizaciones comerciales antecedentes sobre el comportamiento financiero de las personas.

CUANDO NO SE PAGAN LAS DEUDAS

LO QUE SE DEBE PAGAR

EL IMPACTO EN LAS MICROEMPRESAS

Por este motivo, es lógico que al caer en esta lista se cierren inmediatamente todas las posibilidades de adquirir un nuevo compromiso crediticio. Situación que por lo bajo conduce al consumidor a un círculo vicioso, ya que ninguna empresa estará dispuesta a prestarle y no se tendrá con qué pagar.

Y si llevamos la situación a niveles aún más extremos, es posible decir también que se cierran las puertas del trabajo, puesto que ninguna compañía quiere contratar a un moroso y por lo mismo, el informe comercial va de la mano con el currículum vitae, cuando se intenta postular.

De este modo, el BIC es de alguna forma una de las piedras angulares del sistema financiero chileno, ya que permite conocer con nombres y apellidos a quienes no responden de manera adecuada frente a sus deudas, lo que constituye información valiosa para las empresas.

Sin embargo, la manipulación de esta información es algo que siempre se discute, y por lo mismo cada vez se introducen más cambios al Decreto Supremo 950 que lo creó.

Todavía no está claro quién debiera hacerse cargo del costo de esta información, y aunque hasta ahora son los propios consumidores los que además de cancelar su deuda deben pagar por desaparecer de los registros, muchas entidades destinadas a proteger sus derechos, argumentan que deben ser las propias empresas las que asuman ese gasto, puesto que son ellas las directas beneficiadas con la existencia del BIC.

Así, para Alejandro Pujá, coordinador de la Oganización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), si bien el instrumento es útil, de todas maneras es perfectible, “el principal sistema de información comercial está en manos de privados lo que es muy sui géneris. Sería conveniente que existiese una base de datos de administración pública”, destacó.

María Elizabeth Méndez
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